La mayoría de los programas dados de baja se pensaron a partir de terrible intento de femicidio de Ivana Rosales, uno de los primeros casos argentinos en llegar a la CIDH. Uno de ellos, por ejemplo, servía para acompañar a los niños y niñas que quedan huérfanos a raíz de femicidios.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona justificó la decisión al sostener que el Estado se ahorraría "6.000 millones de pesos". Sin embargo, los programas habrían sido desmantelados hace meses y no tuvieron presupuestos altos ni excedentes.

Según un comunicado oficial, se "detectaron deficiencias en la administración de los recursos públicos asignados". Para el Gobierno eran "programas ideológicos creados por el kirchnerismo".

A través de diferentes resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello tomó la decisión con fin de optimizar los recursos públicos.

El informe habla maravillas del Programa Acompañar, la Ley Micaela, la ESI y del cupo laboral trans, todas iniciativas paralizadas o desarticuladas. Organizaciones de mujeres y de DD.HH. presentaron un contrainforme para desarticular las mentiras oficiales.