La Fiscalía Especial de Derechos Humanos dará seguimiento a una denuncia presentada por el paciente Santos Fúnez para determinar si las asambleas informativas de los médicos cumplen con la legislación hondureña y si las interrupciones de servicios vulneraron el derecho a la salud.

La denuncia cuestiona un certificado de deuda y el aplazamiento de 451.954,79 euros antes de la ayuda estatal de 53 millones