Una auditoría estatal reveló que las estructuras más peligrosas se concentran cerca de las zonas costeras más pobladas y que el departamento responsable nunca ejerció su autoridad para sancionar a los propietarios

La Policía Cibernética impidió que víctimas potenciales entregaran dinero y se atendieron 750 denuncias por extorsión, fraude telefónico y otras amenazas